Música, solo música programada desde Bogotá. Eso es lo que se escuchó en Radio Nacional de Colombia desde el 18 de agosto, cuando Inravisión, el revivido nombre del sistema de medios públicos, ordenó la suspensión de la programación hablada, mientras se diseñaba la nueva parrilla de contenidos. El 7 de septiembre volvieron al aire con otro nombre: Emisoras de Reconciliación, y, por ahora, se eliminó el informativo diario.
Fuentes que piden el anonimato explicaron a France 24 que uno de los cambios que más preocupa es que las radiodifusiones de las emisoras ya no tendrán eco nacional, solo emitirán en el ámbito local, lo que impedirá compartir experiencias y testimonios de sus regiones.
La orden afectó a las 74 frecuencias de la emisora, incluidas las 20 Emisoras de Paz, creadas por el acuerdo de 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el objetivo de incluir a las comunidades de los territorios más afectados por el conflicto.
Desde el 7 de septiembre, la renovada programación incluye los términos bandera de De la Espriella, como "Patria" o "Milagro".
La estatal Inravisión asegura que las emisoras ahora ofrecerán "contenidos enfocados en la pedagogía del Acuerdo y su implementación, con especial énfasis en las realidades" de cada territorio. "Las voces de los territorios siguen al aire, con una oferta fortalecida, en el entendido de que la reconciliación también se construye en la radio", sostiene.
Pero, más allá de la transitoriedad de la orden, diversas organizaciones de Derechos Humanos y defensoras de la libertad de expresión advirtieron que dejó a los pobladores de estas zonas sin voz y ha puesto en riesgo a periodistas y operadores comunitarios.
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El artículo 6.5 del acuerdo firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016 estableció la creación de 20 emisoras de frecuencia modulada con un enfoque de desarrollo territorial en municipios que históricamente vivieron el conflicto armado y donde aún hoy persiste la violencia. La responsabilidad de ponerlas en funcionamiento es del sistema de medios públicos, a través de Radio Nacional de Colombia.
Jessica Molano Vivas es periodista formada en la Universidad Nacional del Cauca. Desde hace cinco años se traslada periódicamente desde su ciudad de residencia, Popayán, a la conflictiva localidad de El Tambo para realizar su labor cotidiana como líder de una de estas emisoras. Las radios "tienen una misión muy grande, que es hacer pedagogía sobre el acuerdo de paz en nuestro país", cuenta a France 24 en Español en el marco de una llamada telefónica.
Impulsar este objetivo implica "contarle a la gente qué es el acuerdo de paz y, a través de víctimas, organizaciones sociales y firmantes de paz, dar cuenta de cómo se implementa ese acuerdo en nuestro país y en las distintas regiones donde nosotros hacemos presencia", explica.
En la reflexión sobre su propio trabajo, Jessica repara en el aporte que hacen estas señales radiales al pluralismo informativo: "Contrarrestamos el estigma de guerra que tienen otros medios de comunicación, que, por línea política y económica, pues tienen otros intereses". Una labor que se cumple con la visibilización de proyectos productivos, iniciativas de turismo, acciones comunitarias y propuestas de paz. "Somos el único medio de información que está al rescate del tejido social para todos estos habitantes en regiones apartadas y golpeadas por el conflicto", sostiene.
Un soldat monte la garde après l'attaque d'un péage à Santander de Quilichao, dans le département du Cauca, en Colombie, le 8 août 2026
Desde la emisora de Paz de Florida (92.0 FM), también en el Valle del Cauca, Angie Góngora Rozo, comunicadora social, periodista y contratista de Inravisión, confirmó los cambios en la parrilla y a la vez dio cuenta del recorrido realizado: "Hemos acompañado en muchos lugares del país procesos de comunicación popular para enseñarle a las comunidades cómo pueden narrarse y cómo pueden contarle al mundo desde sus propias visiones y cosmovisiones".
En comunicación con este medio, agrega que las radios también cumplen una función de intermediación "para que la implementación del acuerdo de paz se dé a conocer y se puedan entender todos los puntos del acuerdo".
En el marco de su experiencia, reflexiona que las Emisoras de Paz - ahora Emisoras de Reconciliación- tienen un rol muy importante porque "llegan a suplir esa necesidad comunicativa de darse a conocer, de visibilizar los territorios, de contar lo que pasa en el territorio, pero también es una manera de colocar la lupa en esos procesos que nadie conoce... Y lo que no se nombra no existe".
El contexto de trabajo de Jessica, Angie y todas las personas que realizan su labor en estos medios de comunicación marca una diferencia con respecto al que tienen sus colegas en otras ciudades colombianas. Antes del acuerdo de paz, los municipios donde se desempeñan eran considerados zona roja. "´Probablemente siguen siendo disputados por diferentes grupos al margen de la ley y son lugares donde el conflicto arrasó con muchísimas cosas: no solamente las dinámicas económicas, sino sociales", enfatiza Góngora.
Esos territorios, hoy, tienen programas especiales porque están priorizados para recuperar y transformar los territorios afectados por el conflicto armado a través de planes de desarrollo.
southwestern Colombia, Wednesday, August 14, 2024.
El 18 de agosto se estableció una suspensión provisional del contenido hablado de las 20 emisoras de paz bajo el argumento de reestructurar la parrilla de programación. Se trata de una acción que fue implementada en otras oportunidades por parte de la gerencia de medios públicos ante un cambio de gobierno, pero es la primera vez que se hace con un silenciamiento del contenido hablado. En todo caso, las modificaciones se hacen de forma paulatina mientras continúan las emisiones de los programas.
Según un comunicado difundido por Inravisión, el sistema de medios públicos de Colombia, 16 de las 20 señales volverán al aire el próximo lunes 7 de septiembre con una nueva programación. Además, se les cambiará el nombre: ahora llevará la denominación de "Emisoras de Reconciliación" y se modificará la intensidad horaria.
Al mismo tiempo, la nueva gerente del Sistema de Medios Públicos, Ángela María Mora Soto, anunció el cese temporal de las emisiones de cuatro Emisoras de Paz, ubicadas en Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta, porque "fueron puestas en funcionamiento durante 2024 sin que hubiera culminado el trámite de las concesiones requeridas para operar legalmente". Según el comunicado difundido por la entidad, esta medida no será definitiva, sino que se impulsará "mientras culminan los procedimientos correspondientes y se obtienen las respectivas concesiones".
Jessica Molano entiende las razones de esta decisión, pero le preocupa el lenguaje utilizado para explicarla. "Es completamente irresponsable", dice y agrega: "En los territorios donde ejercemos este oficio confluyen actores armados y decir oficialmente que una emisora pública operaba 'clandestinamente' alimenta la percepción de que quienes trabajamos aquí estamos vinculados con una actividad ilegal".
Más allá de la reapertura de las emisoras, los días de silencio hablado no pasaron desapercibidos. Con la creación de las 20 emisoras de paz, el artículo 6.5 del acuerdo se convirtió en el único que tuvo pleno cumplimiento, pero la normativa establece que, además de su instalación, se debe garantizar su funcionamiento. La reciente decisión de Inravisión de suspender su parrilla de programación generó un punto de quiebre y el correspondiente incumplimiento.
Esta medida le impidió a los gestores y periodistas de las radios cumplir con los indicadores establecidos en una matriz de seguimiento. Tampoco lograron acompañar los procesos comunitarios y garantizar el acceso a la información a municipios que están muy desconectados.
"Independientemente de la gerencia o del gobierno de turno que se encuentre, nosotras y nosotros, como periodistas de las emisoras de paz, nos ceñimos muy claramente al acuerdo de paz. No tenemos líneas editoriales dadas por un gobierno de turno. Cumplimos con el acuerdo de paz independientemente de quién esté", destaca Angie Góngora.
"No podría avalarse como una decisión transitoria porque el tiempo que estamos fuera del aire es el tiempo en que se está incumpliendo ya el acuerdo de paz. Con esta decisión también se vulneró el derecho a la información y a la libertad de expresión de las comunidades y de la ciudadanía", resalta su colega de El Tambo.
Un integrante del Ejército de Colombia vigila en el puente internacional Simón Bolívar que une a las ciudades de Cúcuta y Villa del Rosario (Colombia) con las ciudades de San Antonio y San Cristóbal del Estado Táchira (Venezuela).
Muchos de los periodistas e integrantes de las emisoras de paz dieron su opinión luego de la suspensión provisoria de la programación hablada de las radios. Su exposición fue objeto de diversas reacciones, algo que generó temor en muchos de ellos.
Por un lado, advierten discursos de odio y estigmatización que consideran "muy peligrosos" porque ponen en riesgo el trabajo de los periodistas en los territorios. Los senadores de derecha Enrique Gómez y Sara Castellanos calificaron a las emisoras en sus redes sociales como "megáfonos de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)".
"En estos territorios donde nosotros ejercemos nuestra labor, en medio de la disputa de estos grupos armados no estatales, pues estigmatizar públicamente nuestro oficio, nuestra labor, tiene consecuencias que están relacionadas directamente con nuestra seguridad y nuestras vidas. Yo habito un departamento donde nos han asesinado a dos firmantes de paz, a dos líderes sociales, una lideresa y un líder", asegura Molano.
Otro de los temores se vincula con la estabilidad laboral. "Yo llevo más de cinco años trabajando acá sin ningún llamado de atención en mi hoja de vida, cumpliendo con mi labor", enuncia Jessica y da lugar a sus preocupaciones: "No sé si alzar la voz frente a esto pueda generar ciertas molestias y pueda llegar a acabar con el contrato de muchas personas que hemos podido hablar con medios".
En cuanto al acuerdo de paz, las principales observaciones aparecen con relación al contexto. Consultado por France 24 en Español, Camilo Posso, presidente del Instituto para la Paz y el Desarrollo (INDEPAZ), recuerda que, en momento de campaña electoral, el presidente Abelardo de la Espriella prometió suprimir todos los mecanismos acordados en La Habana entre el Gobierno y las FARC.
Desde su mirada, a partir de esta afectación a las emisoras comunitarias, "esa promesa se está cumpliendo". Incluso, agrega, hay "otras señales" que van en el mismo sentido, como la supresión de algunas instancias, como la Oficina de la Presidencia de la República para los procesos de paz, o la no asignación de presupuesto 2027 para la Unidad de Implementación del acuerdo de paz de 2016.
Al mismo tiempo, las observa como parte de un proceso en tensión: "Es un forcejeo porque todavía solamente lleva tres semanas este gobierno y, por eso, pues, son pasos que hay que entender como sujetos a pruebas de fuerza".
En ese sentido, destaca las reacciones "muy importantes" de comunidades "que sienten que se les está coartando en sus derechos de expresión" y de organismos vinculados con los Derechos Humanos y la libertad de expresión.
"Suspender de manera generalizada su programación informativa y territorial no resulta idóneo, necesario ni proporcional para revisar los contenidos que se han venido emitiendo", señala un comunicado conjunto de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
"El nuevo Gobierno tiene la facultad de revisar y ajustar la programación de los medios públicos. Sin embargo, cualquier decisión que afecte a las Emisoras de Paz debe considerar su naturaleza especial y su enfoque informativo, territorial y diferencial, así como los compromisos derivados del Acuerdo Final", reclama un documento de la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Diversos organismos presentaron tutelas ante la Justicia porque consideraron que con esta medida se violentaron Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la paz. De hecho, su carácter constitucional es cosa juzgada a partir de una sentencia de la Corte Constitucional que establece que todo gobierno debe cumplir con lo acordado en 2016.
Con base en estas consideraciones, Posso visualiza un conflicto con la aplicación de estos derechos fundamentales: "existe una tradición de formalismos constitucionales y normativos y de desconocimientos prácticos. Una gran distancia entre una letra que se reclama de la democracia liberal o representativa y unas prácticas que muchas veces han caído en los niveles del autoritarismo y de lo dictatorial".