La discusión sobre el futuro de la consulta previa y la eficiencia de las licencias ambientales tomó un nuevo impulso en Colombia. El Gobierno Nacional abrió formalmente el debate para modificar la estructura de estos procedimientos y establecer reglas más claras.
La iniciativa busca destrabar proyectos detenidos por trámites administrativos, garantizando, al mismo tiempo, que no se elimine la consulta previa como derecho fundamental de los pueblos étnicos.
El diagnóstico actual refleja un alto nivel de represamiento institucional. De acuerdo con el senador Juan Espinal, entre 2011 y 2026 se han adelantado más de 13.000 procesos de consulta previa en el país, de los cuales cerca de 1.350 corresponden a lo corrido de 2026. De hecho, según el viceministro de Minas, Luis Francisco Madriñán, "el 85 % de las consultas previas en el continente están concentradas en Colombia".
"En los últimos cuatro años, solo el 16% de los trámites logró llegar a la fase de protocolización de acuerdos, mientras que aproximadamente el 77% continúa activo. Un dato crítico es que el 31% de estos procesos activos lleva más de cuatro años totalmente detenido, sin lograr una decisión definitiva. Esta situación impacta proyectos considerados urgentes para la seguridad energética del país", indicó Espinal durante el Congreso Nacional de Minería.
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Un caso representativo es Sirius,el hallazgo de exploración y producción de gas natural más grande en la historia de Colombia. Este enfrenta una consulta pendiente con la comunidad de Taganga, cerca de Santa Marta. Sin el cierre de este proceso, no es posible solicitar la licencia ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ni iniciar la extracción.
Elsa Jaimes, gerente general de Costa Afuera y Exploración de Ecopetrol, criticó públicamente la dinámica del diálogo al señalar que se han presentado peticiones económicas desproporcionadas que actúan como un "cuello de botella".
"Esa comunidad está a nivel de extorsión. Está pidiendo un montón de plata", dijo Jaimes, sin precisar los montos solicitados.
Un escenario similar atraviesael proyecto Colectora, la red de transmisión más importante para transportar la energía renovable desde La Guajira hacia el interior del país. El proyecto acumula más de ocho años de gestiones y ha tenido que postergar su fecha de operación de finales de 2022 a agosto de 2026.
Tras obtener la licencia ambiental, la empresa constructora,Enlaza, identificó nuevas comunidades en el área de influencia, por lo que el proceso pasó de contemplar 235 consultas a más de 250, abarcando cerca de 260 comunidades certificadas, mayoritariamente wayuu, además de pueblos yukpa, de la Sierra Nevada y consejos comunitarios.
El debate sobre cómo agilizar la consulta previa ya tiene sobre la mesa tres caminos. La propuesta presentada por elGobierno, a través de su vocero, Miller Soto, plantea que este proceso y el licenciamiento ambiental puedan desarrollarse de manera paralela e independiente.
La idea es que, mientras las comunidades adelantan los diálogos sobre los posibles impactos de un proyecto, la autoridad ambiental pueda avanzar en el estudio técnico necesario para determinar su viabilidad.
Con este cambio, la consulta previa dejaría de operar como una condición suspensiva que impide avanzar en el análisis ambiental. Según Soto, el propósito es reducir los tiempos de los trámites estatales sin afectar el derecho de las comunidades étnicas a participar en las decisiones que puedan impactarlas.
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Desde el Congreso, el Centro Democrático, a través de un proyecto de ley liderado por Espinal, propone convertir la consulta previa en un procedimiento con reglas y tiempos definidos.
Uno de los principales cambios sería la creación del Sistema de Información de Consulta Previa (Sicop), que centralizaría y georreferenciaría los registros étnicos existentes y permitiría consultar públicamente los acuerdos alcanzados durante los procesos.
La iniciativa también establece un plazo de seis meses para la caracterización oficial de las comunidades. Para Espinal, fijar límites a la actuación de las entidades estatales no restringe la deliberación de los pueblos étnicos, sino que busca evitar que la demora burocrática se convierta en un obstáculo para los proyectos.
El proyecto contempla, además, que los recursos entregados a las comunidades puedan administrarse mediante fiducias, de manera que estén articulados con sus planes de vida y se reduzcan posibles intermediaciones.
A esto se suma el fortalecimiento de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa y la creación de una mesa técnica con participación del Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Anla y representantes étnicos. Esta instancia tendría como propósito intervenir cuando los procesos enfrenten bloqueos o dificultades para avanzar.
Para Fedesarrollo, sin embargo, el problema va más allá de los tiempos de los trámites. Daniel Wiesner, investigador asociado de la entidad, señala que existe una alta incertidumbre jurídica relacionada con la ausencia de una ley estatutaria y con el cambio del criterio de presencia física al de susceptibilidad de afectación directa.
"Aunque el proceso de consulta previa solo aplica a cerca del 16,8% de los proyectos a nivel nacional, impacta de manera sustancial la ejecución de obras estratégicas de infraestructura vial y energética en territorios étnicos", señaló.
Por eso, la propuesta apunta a modificar la forma en que el Estado aborda estos procesos desde antes de que los proyectos lleguen a manos de empresas privadas.
Una de las recomendaciones es que el Estado adelante las consultas previas y la oferta social de servicios básicos antes de licitar proyectos estratégicos, de modo que parte de las obligaciones y eventuales conflictos con las comunidades se resuelvan previamente.
Fedesarrollo también plantea la expedición de una Ley Estatutaria de Consulta Previa y la creación de un Registro Único de Pueblos (RUP), con el objetivo de contar con mayor certeza sobre las comunidades que deben participar y evitar que durante la construcción de una obra aparezcan nuevos procesos de consulta.
En materia de compensaciones, se busca que los impactos negativos de los proyectos, como el ruido o las modificaciones de cauces, sean identificados desde las primeras etapas. A partir de ese diagnóstico podrían establecerse mecanismos como fondos comunitarios, esquemas de copropiedad local, regalías o descuentos tarifarios.
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El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, anunció una reforma a Dirección de Consulta Previa para agilizar proyectos de infraestructura y seguridad energética, entre ellos Sirius, Canal del Dique y muelle 13 de Buenaventura. El jefe de la cartera del Interior aseguró que la consulta previa debe protegerse como un derecho constitucional, aunque cuestionó lo que calificó como usos indebidos del mecanismo. "La consulta previa, que es importante y la defendemos, está siendo utilizada por individuos inescrupulosos para extorsionar", manifestó.
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