El Gobierno de Argentina anunció el lunes que presentará una denuncia penal contra varias subsidiarias de la petrolera israelí Navitas por operar sin autorización en las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina.
La decisión provocó una reacción inmediata en Israel. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu que reconozca la soberanía argentina sobre las Malvinas y sancione al Reino Unido "mientras la ocupación continúe", al que acusó de apropiarse de territorio y recursos petroleros argentinos.
Según informó la Presidencia argentina, la denuncia alcanzará a Navitas Petroleum Development & Production Ltd, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd, además de sus directivos y representantes.
Argentina sostiene que estas empresas "presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo Gobierno del Reino Unido" para explorar y explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en violación de la legislación argentina. La causa también apunta contra directores, gerentes, síndicos y cualquier representante que haya intervenido en el proyecto.
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No es la primera vez que Buenos Aires emprende acciones por las actividades petroleras en la zona. Argentina ya declaró clandestinas estas operaciones en 2012 y presentó una denuncia similar en 2015. En 2022 sancionó directamente a Navitas y, en diciembre de 2025, el Gobierno de Javier Milei rechazó formalmente la decisión de invertir 1.808 millones de euros para poner en marcha la producción.
Navitas opera y controla el 65% del proyecto Sea Lion, situado unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas, en aguas cuya soberanía se disputan Argentina y el Reino Unido. Su socia es la británica Rockhopper, propietaria del 35% restante. El proyecto se encuentra en fase de desarrollo y prevé comenzar a extraer crudo en marzo de 2028.
Las dos compañías ya habían respondido a las medidas anunciadas por Argentina, aunque antes de conocerse la denuncia penal. Tras el discurso de Milei del jueves pasado, emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraron que operan con licencias "legalmente otorgadas" por el Gobierno de las islas y con "el respaldo pleno y continuo" del Reino Unido.
Las compañías remarcaron que no esperan que las medidas argentinas retrasen el calendario del proyecto Sea Lion. Las acciones de Rockhopper cayeron más de un 6% en la Bolsa de Londres tras el anuncio.
La denuncia contra las subsidiarias de una petrolera israelí coincide con una creciente tensión diplomática entre Israel y el Reino Unido. Ben Gvir pidió a Netanyahu que reconozca la soberanía argentina sobre las Malvinas y adopte sanciones contra Londres "mientras la ocupación continúe".
El ministro israelí acusó al Reino Unido de apropiarse de territorio y recursos petroleros que, según sostuvo, pertenecen al pueblo argentino. Horas antes, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, había reclamado la expulsión del embajador británico en Israel.
Las declaraciones se producen en medio de las crecientes diferencias entre Londres y Tel Aviv por la política británica hacia Palestina. Por el momento, las palabras de Ben Gvir no representan un cambio en la posición oficial de Israel sobre la soberanía de las islas.
El presidente Javier Milei había anunciado el jueves su intención de endurecer las sanciones contra las petroleras que operan en Malvinas con licencias del Gobierno isleño. También adelantó el envío al Congreso de un proyecto de ley que ampliaría las sanciones a los proveedores de estas compañías y prohibiría a los infractores contratar con el Estado argentino.
Ese mismo día confirmó que reactivará el proyecto para construir una base naval en Ushuaia, a unos 700 kilómetros de las islas. Este lunes, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que dé prioridad al proyecto en el Presupuesto 2027, que el Gobierno enviará al Congreso este mes.
"Estas medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos", afirmó el Gobierno en un comunicado.